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Fiscalía investigará a ‘colados’ que recibieron casas gratis en Pradera

Custodia Quintero perdió la primera casa gratis que entregó el Gobierno Nacional, porque ya tenía vivienda propia. Al menos otras doce familias que habían sido beneficiadas fueron retiradas del proyecto.

Custodia Quintero Viveros salió del anonimato en Pradera el pasado sábado 2 de febrero, cuando fue elegida por sorteo como la primera beneficiaria del programa de las cien mil viviendas gratuitas que está entregando el Gobierno Nacional en todo el país.

La mujer salió corriendo con las manos en alto, agradeciendo a Dios. El auditorio estalló en aplausos y el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, quien la recibió en sus brazos, no pudo evitar llorar ante la alegría de la beneficiaria.

Parecía la postal perfecta para el comienzo de la más ambiciosa política de vivienda social de los últimos años en Colombia. Pero así no fue como terminaron las cosas.

Hoy, dos semanas después del sorteo, en Pradera todo el mundo parece saber quién es Custodia Quintero Viveros: la mujer a la que le quitaron la casa gratuita que se había ganado, porque ya tenía una.

Para muchos en el pueblo es una oportunista. Algunos hasta dicen que se está escondiendo después de lo ocurrido, después de que la “descubrieran”. Para otros, los que afirman conocerla, es una buena mujer. Incluso el alcalde de Pradera, Adolfo León Escobar, aseguró que ni Custodia ni ninguno de los otros doce beneficiarios que se ganaron una de las casas gratuitas teniendo vivienda propia, son personas deshonestas.

“No hay una culpabilidad intencional de ellos. Ellos hacen parte del censo de la Red Unidos; son desplazados, damnificados, madres cabeza de hogar o están en pobreza extrema. Así, por ejemplo, alguno de ellos puede tener vivienda y ser pobre, o tener vivienda, pero en zona de alto riesgo. No son personas de la clase alta”, sostuvo el Mandatario.

Desplazamiento, detrás del drama

A la familia de Custodia el destierro le llegó como una borrasca del litoral: en una tarde gris y calurosa, con el mar en calma y la humedad en el aire. Ese día, a finales de julio del 2002, una cuadrilla de las Autodefensas Unidas de Colombia que le seguía los pasos a un comando guerrillero expulsó a sangre y fuego a los pobladores de Puerto Saija, corregimiento de Timbiquí (Cauca).

Los que pudieron, salieron del caserío sin más que lo que tenían puesto. Custodia, por ejemplo, dejó atrás la casa de madera de seis piezas donde vivía, las amistades de toda la vida y la tierra que les daba de comer a sus hijos y nietos. Incluso, abandonó Puerto Saija dejando a su esposo y dos de sus hijos, quienes se encontraban en trabajando en el monte cuando ocurrió la escalada paramilitar.

En esa entonces, ya con 62 años a cuestas, Custodia huyo hacia Buenaventura, luego llegó a Palmira y terminó en Pradera, donde una amiga la albergaría mientras todo pasaba. Lo que nunca pensó es que no volvería al Pacífico y que tanto ella como su familia, desde ese momento, harían parte de la cifra de miles de desplazados que ha dejado el conflicto armado en el país.

La violencia la había condenado a comenzar de cero en una tierra que no conocía.

La casa de la discordia

Ahora Custodia tiene 73 años. Camina encorvada y bajo sus ojos hay dos bolsas oscuras que parecen cargar el peso del sufrimiento que dice haber tenido. Luce demacrada. El asma que padece desde siempre se ha agudizado, según ella, por la pintura que le están echando por primera vez a la sala de la casa donde vive hace cuatro años con su esposo.

Mirando a su esposo, Ezequiel, la mujer que pudo ser la primera habitante de las viviendas gratuitas de Altos de Pradera, acepta que la casa donde viven en la actualidad sí es propia. Pero explica que la casa la erigió su esposo con los dineros de una incapacidad por invalidez, de cuando perdió uno su ojo derecho mientras trabajaba como cortero en un ingenio azucarero de la región.

“Esa plata era de él. Él la consiguió y él levantó esta casa. Por eso yo digo que la casa es de él y no mía. Por eso yo quería que me dieran esa casita para mí y mis nietas”, explicó Custodia.

Sentada en una butaca de madera, con una de sus nietas dormida en sus brazos, la mujer asegura que desde el 2002, cuando llegó a Pradera como desplazada, solicitó la ayuda del Gobierno Nacional, mediante la Red Unidos. Pero que solo hasta ahora hubo posibilidad de obtener vivienda.

“Yo le escribí una carta al propio presidente Uribe. Él me respondió ese mismo día y me dijo que me iba a ayudar. Pero solo hasta ahora se dio lo de la casa”, dice la mujer.

Por eso, después de 11 años de lo prometido, Custodia no cree que haya cometido ningún crimen al ser beneficiada por el programa de vivienda.

“Vi por televisión la entrega de las casas y me alegré mucho por el señor que le dieron la casa que me iban a dar a mí. Se lo merece. Pero entonces yo digo, ¿acaso mis nietas y yo no me merecemos una vivienda de esas? ¿Al final no somos desplazados también? ¿No tenemos derecho a salir adelante?”, se preguntó.

¿Qué se hará en Cali?

La secretaria de Vivienda de Cali, Amparo Viveros, dijo que se hará una verificación previa en la Oficina de Registro a los hogares que están censados en la Red Unidos y en el listado de desplazados.

“Ese trabajo siempre lo hacemos cuando asignamos subsidios municipales de vivienda, porque en Cali también han tratado de ‘colarse’ cuando se entregan beneficios de este tipo en los procesos de reubicación”, explicó

La funcionaria dijo que en su despacho se tiene levantada la información de los caleños que han salido favorecidos con el subsidio municipal de vivienda.

“Pero como existen subsidios nacionales, vamos a solicitar el acompañamiento de las cajas de compensación, que cuentan con la información de la asignación del beneficio de parte del Gobierno Nacional”, agregó.

Lo que pasó en Pradera, dijo la Secretaria de Vivienda, prendió las alarmas para ser más cuidadosos con la selección de las familias.

Procesos judiciales

A las trece personas que teniendo casa decidieron presentarse a la convocatoria del Fondo Nacional de Vivienda y participar en el sorteo de las casas gratis en el programa Altos de la Pradera, en Pradera Valle, se les iniciarán procesos penales por los delitos de falso juramento, fraude procesal y fraude de subvenciones.

Por fraude procesal, la pena puede ir entre uno y seis años. Por falso juramento, de uno a cinco años y por fraude de subvenciones, entre cuatro y ocho años.

Según el viceministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, “ya se le informó a la Fiscalía sobre la situación y se aportaron las pruebas del caso”.

Roberto Angulo, director de Ingreso Social del Departamento de Prosperidad Social, DPS, indicó que las personas son convocadas por el Fondo Nacional de Vivienda para participar en la convocatoria de las viviendas gratis.

“Dentro de los documentos que anexan, los posibles beneficiarios firman una declaración juramentada donde aseguran no ser propietarios de viviendas”.

El Viceministro indicó que se hicieron unos controles iniciales y algunos de los postulados eran propietarios de lotes, “lo que no los excluye de participar porque podrían darse casos en que son dueños de los lotes de donde salieron desplazados o que están en sitios de alto riesgo de desastre”.
En el caso de Pradera, a la Personería llegaron dos denuncias.

Henao indicó que algunos de los controles se hacen posteriores al sorteo, porque “el universo es demasiado grande. Con un grupo más reducido es más fácil hacer un control efectivo. Aunque hubo gente que trató de colarse, los controles lograron que no se llegara a la escrituración de las casas».

Fuente : http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/custodia-quintero-mujer-perdio-primera-casa-gratis-promueve-gobierno

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