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Carta del director

¿DEFENDEMOS LAS MADRES COMUNITARIAS O JUSTIFICAMOS LA CORRUPCIÓN?

En 1986 el gobierno del presidente Virgilio Vargas inauguró el programa hogares de bienestar con el cual nacieron las madres comunitarias, quienes al principio operaban en condiciones muy precarias para atender niños de su vecindad y sin que tuvieran mayor preparación para este oficio.

Sin embargo con el correr del tiempo se pudo comprobar que el instinto maternal propio de las mujeres, combinado con una alta dosis de solidaridad comunitaria, hizo posible que muchos niños que antes no tenían alternativa de cuidado, tuvieran un espacio con un mínimo de condiciones que les garantizaran seguridad, alimentación y atención en su proceso de crecimiento y desarrollo infantil.

Las mujeres fueron organizándose y comprendieron pronto que era necesario formarse en pedagogía infantil, nutrición, primeros auxilios, recreación y demás temas relacionados con el entorno propio de la atención a la población infantil y surgieron experiencias y propuestas que consolidaron y se apropiaron del saber social acumulado, configurando en la práctica una alternativa de inclusión social,  que a no dudar,  hoy se muestra como pionera en América Latina y como referente de lo que hoy se llama alianzas público- privadas entre gobiernos y comunidades, haciendo rendir los recursos públicos y mostrando altos índices de eficiencia en el servicio prestado.

Por estos antecedentes demostrables fácilmente, no se comprenden las razones del Presidente de la República para objetar la ley mediante la cual el Congreso declara la formalización laboral de estas mujeres colombianas, que no han hecho más que prestar un servicio necesarísimo en un país sin infraestructura institucional suficiente para atender a la infancia y sin recursos para invertir en otras alternativas más cualificadas y mejor dotadas.

Siempre será mejor invertir los recursos públicos del país  en mantener, cuidar y proteger este talento humano de compatriotas que en número superior a las 60.000 mujeres, con su trabajo abnegado y con su compromiso con la infancia atendiendo más de un millón de infantes, logran solventar parcialmente las economías de su familia, como contraprestación a su servicio educativo y social.

Invertir en este tipo de alianzas público-privadas, es más promisorio y más seguro, que la inversión en las otras, las que conforman los grandes contratistas del Estado, de la mano con muchos  funcionarios públicos venales, que en la mayoría de casos, terminan siendo solo instrumentos apropiados para tumbar al Estado mediante adiciones y sobrecostos, así como mediante demandas de incumplimiento originadas en la letra menuda de la contratación diseñada para que la favorabilidad esté al lado de los “grandes contratistas”, sin importar si les asiste la razón y la justicia en sus pretensiones.

Defender el derecho de las mujeres que por años han prestado este servicio a la infancia, es imperativo si queremos defender un mínimo de condiciones sociales de inclusión que nos evite seguir ciegos hacia el desbarrancadero en el que se ha convertido el ambiente de contratación y prestación de servicios prioritarios a la ciudadanía, como son éste, la educación básica, la salud, el saneamiento y el acceso a los servicios públicos.

Que nos diga el Presidente qué han hecho, él y su antecesor, para cuidar los recursos públicos ante el despilfarro de más de 12 billones de pesos colombianos producto de la última bonanza energética que tuvimos en la década que acaba de terminar. Con esta plata, perdida casi en su totalidad en contratos leoninos, mentirosos y absurdos, tendríamos para pagar 15 años de sostenimiento a las madres comunitarias que atienden los hogares de bienestar familiar. Y si le sumamos la plata que se ha perdido en los robos descarados y trampas que se han hecho con recursos como los de Isagen, Reficar, Saludcoop, Caprecom, Odebrecht y tantas otras más, tendríamos otros 20 billones de pesos con los cuales aseguraríamos 25 años más de formalización laboral de las madres comunitarias de bienestar familiar.

Así las cosas, ¿El Estado se quiebra por la justa pretensión de quienes han cumplido histórica y cabalmente su trabajo con la sociedad, o se quiebra por los muchos entuertos que vienen rondando la contratación pública  hace mucho rato.?

Responda Señor Presidente. ¡Es lo mínimo que esperamos de un hombre de paz.!

JOSE ALBERTO TEJADA E.

Cali, enero 27 2017

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