El periodismo en Colombia, de nuevo bajo la sombra de la violencia
Andrés Morales, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, habla sobre riesgos y retos.
En Colombia, durante el año 2000 fueron asesinados 12 periodistas por razones de su oficio. En el 2012 solo uno lo fue. Esto, asegura Andrés Morales, director de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (Flip), evidencia la disminución de ataques directos, pero no necesariamente han mejorado las condiciones de riesgo.
Evidencia de ello son los recientes ataques contra el periodista Ricardo Calderón, jefe de investigaciones de la revista ‘Semana’, ocurridos en la noche de este miércoles en la vía entre Ibagué y Bogotá. El carro en el que se transportaba Calderón recibió cinco impactos de bala.
Como esta, explica Morales, persisten intimidaciones contra el periodista, principalmente en las regiones. “Es cada vez más grande la brecha entre las condiciones de seguridad para los periodistas que hacen su trabajo en las grandes ciudades, con aquellos periodistas que hacen su trabajo en regiones, especialmente en aquellas más afectadas por el conflicto”.
Antioquia, especialmente en el Urabá antioqueño y en el Bajo Cauca; Valle del Cauca, en la zona del norte, es una de las más peligrosas para ejercer el periodismo; Norte de Santander, por la zona del Catatumbo, y Córdoba, son algunas de los departamentos en los que más amenazas y agresiones se han presentado por parte de diferentes actores.
En cuanto a los agresores, hay un abanico, un portafolio amplio. “Cuando se amenaza a un periodista, por lo general, es anónima. Obviamente se puede asumir y se presume que viene de algún actor ilegal, pero no se puede asegurar. Por otro lado, las bandas emergentes o los paramilitares, son el segundo y tercer actor que más intimida a la prensa y la guerrilla de las Farc, también es otro de los actores”, indica Morales.
Todo esto, ha generado una situación de autocensura, que, asegura Morales, es tal vez el principal problema que tiene la libertad de prensa hoy en Colombia. “A los periodistas no les gusta decir que están autocensurados. Es un temor que tienen muchos periodistas, especialmente en las regiones a publicar cierta información, porque saben que al publicarla su vida puede estar en peligro”.
De hecho, menciona Morales, en el departamento de Córdoba, por ejemplo, el año pasado se registraron 3 o 4 casos menores de agresiones contra periodistas. Pero, al hablar con los periodistas cordobeses, ellos reconocen que tienen miedo y que tienen mucha información sobre actores criminales, sobre corrupción política, sobre temas que deberían publicar pero que no lo hacen porque saben que cuando lo publiquen van a correr peligro y no están dispuestos a hacerse matar. (
De tal manera, enfatiza el director de la Flip, las amenazas y las condiciones de riesgo se han mantenido iguales a las de hace un tiempo.
La impunidad obstruye la libertad de expresión
La Flip tiene documentado el asesinato de 140 periodistas, desde 1979 hasta el 2012, de estos, 59 han prescrito y dos están a punto de prescribir, es decir de cumplirse el tiempo de 20 años que el Estado tiene para investigar el crimen. “Es decir, que la impunidad es vergonzosa”, dice Morales, quien también recalca que no se puede hablar de un caso de asesinato a un periodista en el que no hay impunidad, porque no se logran resolver judicialmente los casos.
En algunas ocasiones, el crimen se declara de lesa humanidad, para no dejar prescribir los casos. En el caso de periodistas hay tres casos que han sido declarados así: el de Guillermo Cano, el director de El Espectador; el de José Eustorgio Colmenares, director de La Opinión; y el de la periodista de EL TIEMPO Jineth Bedoya, único caso de periodista vivo.
“Puede sonar a frase de cajón, pero hasta que la justicia colombiana no logre encontrar quienes son aquellas personas que han intimidado, amenazado o asesinado a la prensa en Colombia, el Estado va a tener que seguir dándole medidas de protección a los periodistas que están en riesgo, entonces esa deuda que tiene la justicia, obviamente es frente a los familiares de los periodistas asesinados, pero también es una deuda frente al resto de periodistas, porque como ellos saben que como esos casos han quedado en la impunidad, no tiene ningún sentido sacrificar sus vidas por un tema que los puede llevar a la tumba y van a quedar impunes”, indica Morales, resaltando que en estos casos la más perjudicada es la sociedad, que no puede enterarse de los temas de interés público.
Ahora bien, otro factor que está tomando más relevancia para la libertad de expresión en Colombia es el que haya intención de censura por medio de políticas. “Para darte un ejemplo, acaba de ser declarada constitucional la Ley de inteligencia, que tiene una serie de restricciones para el trabajo periodístico y la forma de acceder a la información que tiene que ver con algunos temas militares. Aparecen siempre proyectos o iniciativas legales para restringir de alguna manera el trabajo periodístico y por su puesto, se trabaja para que se evite que eso llegue a feliz término”, explica Morales.
Aunque esta problemática no es tan delicada y sistemática como en países como en Venezuela o Ecuador, ha habido afectaciones muy particulares por parte del Estado como las ‘chuzadas’ y la persecución contra ciertos periodistas.
De tal manera, concluye Morales, que los retos van hacia combatir la impunidad, mejorar las condiciones de seguridad para que haya garantías de trabajo, lo que redunde en menos autocensura y, finalmente, trabajar para que haya más acceso a la información pública.
Protección a periodistas
Colombia fue el primer país del mundo en crear un programa de protección especial para periodistas. Este, tiene hoy a 94 periodistas vinculados, 37 de los cuales tienen medidas duras como carros blindados, escoltas, o mecanismos fuertes de protección, que se renuevan o se retiran, de acuerdo con la evaluación de cada caso.
Esta iniciativa intenta ser replicada en países como México, debido a las situaciones de inseguridades que se dan allá y ese programa busca darle medidas físicas a periodistas que están en riesgo. “Lo ideal sería que cuando en este país se pueda ejercer libremente el periodismo, ningún periodista necesite esas medidas de seguridad”, dice Andrés Morales.
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