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El Plan Decenal de Educación 2016–2026

Fuente: Razón Publica

El Plan es una herramienta confusa, pero es también una oportunidad para que los ciudadanos contribuyan a mejorar este servicio esencial para todos. Y en este Plan  hay ideas suficientes para exigirles a los candidatos que tomen la educación con el rigor que merece.

Un raro Plan

¿Qué se puede – y qué no se puede- esperar de la tercera versión del Plan Decenal de Educación que hace poco presentó ante el país la ministra del ramo, Yaneth Giha?

Según la Ley 115 de 1994, “el Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, preparará por lo menos cada diez (10) años el Plan Nacional de Desarrollo Educativo que incluirá las acciones correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo”.

Con estas someras indicaciones legales los gobiernos a los cuales les ha correspondido diseñar el plan (Ernesto Samper, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos) han hecho sus propias interpretaciones sobre la metodología y los alcances de la convocatoria.

Igualmente, quienes han acudido a la cita para expresar sus opiniones y propuestas han tenido expectativas y posiciones muy diversas acerca de lo que el Gobierno les ha invitado a hacer, y las personas interesadas en la educación han tenido reacciones distintas frente a los resultados del proceso.

La propia Ley 115 precisó que el Plan de Desarrollo Educativo no es obligatorio sino  que “este Plan tendrá carácter indicativo, será evaluado, revisado permanentemente y considerado en los planes nacionales y territoriales de desarrollo”.

La dificultad de siempre ha consistido en saber qué se entiende por “plan indicativo”. Por supuesto que no se trata de algo similar al Plan Nacional de Desarrollo, que por obligación debe hacer cada gobierno y que tiene carácter de ley. Tampoco es un plan sectorial donde consten los compromisos, expresados en programas y metas, que adquiere cada gobierno para llevar a cabo durante el período para el cual fue elegido.

El concepto de “indicativo” no es fácil de esclarecer, pues no existe una definición unívoca. Más bien parece un concepto flexible que se debe entender de acuerdo con el contexto. En este sentido, es importante hacer énfasis en que el Plan Decenal de Educación aparece en el capítulo de la Ley que trata sobre la organización para prestar el servicio educativo, no en el que trata sobre la dirección y administración del sistema.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el documento de 2012 Instrumentos para la gestión pública territorial por resultados, define el plan indicativo como “un instrumento que complementa el Plan de Desarrollo, en la medida que en él las metas no solo se desagregan, con sus respectivos recursos, para cada una de las vigencias, sino que se ponderan de acuerdo con los criterios definidos por la Administración (…). Adicionalmente, contribuye a aclarar y concretar aquellas metas que no quedaron lo suficientemente medibles; sin embargo, es importante recordar que a través de este instrumento no se pueden incluir o eliminar programas, subprogramas o metas del Plan de Desarrollo”.

Esta definición es incompatible con la característica esencial del Plan Decenal de Educación, pues este abarca por lo menos tres períodos de gobierno y los tres no podrían estar sujetos a un único documento. Pero, además, la misma Ley en el artículo 148 le asigna al Ministerio de Educación la elaboración y gestión del Plan.

En resumen, es un misterio lo que el legislador quiso decir sobre el carácter indicativo del Plan Decenal. De lo que no hay duda es del valor que tiene hacer periódicamente una consulta amplia sobre aquello que los ciudadanos consideran prioritario para el desarrollo educativo del país.

Más allá de las controversias acerca de la metodología de su construcción o de la sana ambición de que en él se plasmen detalladamente todas las inquietudes que suscita la complejidad del sector, el Plan establece una agenda de prioridades que los próximos gobiernos no pueden eludir.

Participativo y organizado

Para este Plan Decenal el Ministerio de Educación procuró conseguir la mayor participación posible de la ciudadanía, incluyendo a niños, jóvenes, maestros y comunidades de todas las regiones del país y de todas las modalidades educativas.

Entre los mecanismos de consulta se incluyeron una encuesta aplicada a más de un millón de colombianos y cerca de seis mil dibujos infantiles. Con estos insumos se llevaron a cabo  135 foros temáticos nacionales y regionales que contaron con la participación de más de 6.500 miembros de la comunidad educativa y de la sociedad civil.

El Plan se construyó sobre la base de tres cuerpos colegiados con amplia representatividad: la Comisión Gestora, la Comisión Académica y la Comisión Regional. La constitución y funciones de cada una de estas comisiones están explicadas en el documento del Plan Decenal de Educación, pero vale la pena destacar dos diferencias importantes con respecto a los planes anteriores:

  • En primer lugar se planteó la necesidad de incluir todas las modalidades y ciclos educativos, desde la primera infancia hasta los niveles avanzados de la educación superior, mientras que los planes anteriores se habían concentrado en la educación básica formal. Esto llevó a convocar, tanto en las consultas regionales como en las comisiones de trabajo, a representantes de la educación superior, la educación para el trabajo y las academias científicas.
  • La segunda diferencia fue la decisión de la comisión académica de presentar los temas más relevantes que resultaron de las consultas en un número reducido de desafíos de gran alcance estratégico en lugar de un extenso listado de objetivos y metas. El Plan 2006–2016, por ejemplo, contenía 194 objetivos y 384 metas. La idea de centrarse en un decálogo de propuestas estratégicas fue un buen camino para no emular las que deberán hacer los candidatos a la Presidencia en cada período y, sin embargo, exigirles que se refieran a estos temas como asuntos ineludibles para el desarrollo del país.

Las aspiraciones de los colombianos en materia de educación deben quedar consignadas con claridad para convertirse en asuntos prioritarios para los gobernantes. No obstante, debe entenderse que es a ellos a quienes corresponde establecer los caminos técnicos, los planes, los presupuestos, las acciones y las metas tendientes a superar los desafíos propuestos. Igualmente, estos son grandes retos para las regiones, los empresarios y las instituciones educativas.

Estrategias de largo aliento

Cada uno de los desafíos planteados en el Plan fue discutido extensamente con el fin de que incluyera un conjunto de propósitos cuya realización es esencial para el desarrollo nacional y que, por tanto, deberán asumir los gobiernos. Entre ellos están:

  • La obligación de “regular y precisar el alcance del derecho a la educación”. No se trata solamente de hacer pronunciamientos y decir que la educación es un derecho. Tampoco se limita a ampliar la cobertura de los diversos ciclos educativos o de hacer algunos proyectos aislados para mejorar la calidad. Es una invitación a los poderes Ejecutivo y Legislativo para definir hasta dónde llega el mandato constitucional y de qué manera el Estado debe garantizar este derecho. También es un desafío al poder Judicial en materia de garantías, pues la educación no solamente es un derecho individual, sino que tiene un carácter colectivo, pues el bienestar de toda la nación depende del nivel educativo de los ciudadanos.
  • La invitación a construir “un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación”, pues cada vez es más claro que el país no tiene un sistema educativo, sino múltiples subsistemas inconexos, redundantes e ineficientes. Bate con un par de ejemplos: la educación superior, la educación para el trabajo y el Sena funcionan en órbitas distintas, con fuentes de financiación diferentes y sin ninguna conexión que enriquezca y estimule al sector productivo. Tampoco ha sido posible conectar la educación básica y media con la superior, ni la educación inicial con la básica, ni el subsistema de ciencia y tecnología con la academia y la industria.

Sería muy interesante saber si los candidatos que se pelean las firmas de los ciudadanos han pensado estos asuntos que exigen reformas legislativas, definiciones constitucionales y programas locales y nacionales para su financiación y ejecución. Analizar cada desafío requeriría un artículo completo, pero estos dos ejemplos muestran que el Plan es una herramienta interesante para que los medios de comunicación y los ciudadanos comiencen a preguntar a quienes aspiran gobernar el país cuál es su propuesta en cada uno de los temas o líneas que aborda este nuevo Plan.