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Una demanda explosiva

Las Islas Marshall, un pequeño Estado ubicado en el océano Pacífico, demandó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a Reino Unido, India, Pakistán, China, Francia, Israel, Rusia, Estados Unidos y Corea del Norte, países que no estarían cumpliendo con los compromisos de desarme nuclear y representarían una amenaza para todo el planeta.

Las Islas Marshall están estrechamente ligadas al uso de armas nucleares. Hasta 1990 hicieron parte de EE.UU. y fueron el componente principal de lo que ese país llamó Pacific Proving Grounds (PPG), que incluía algunas otras islas y atolones del Pacífico donde se hicieron los primeros ensayos con arsenal atómico. Las Islas Marshall fueron escenario de alrededor de 67 de estas pruebas entre 1946 y 1958.

El atolón Bikini, un conglomerado de 23 islas que hace parte de las Marshall, es famoso por las al menos 23 explosiones nucleares que se realizaron allí. Entre estas pruebas hay dos muy famosas: la Operación Crossroads en julio de 1946, que fue la primera prueba nuclear realizada por EE.UU. por fuera de su territorio, la segunda en su historia y la primera después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y la operación Castle Bravo, el 1 de marzo de 1952, que fue la primera bomba de hidrógeno utilizada por EE.UU. y se convirtió en la mayor explosión realizada por este país en su historia, considerada mil veces más poderosa que la bomba atómica de Hiroshima.

Según reportes de la Organización Internacional para la Energía Atómica (OIEA), algunos de los ensayos realizados durante la etapa de desarrollo de la bomba atómica se realizaron en lugares, entre estos el atolón Bikini, que no tenían la infraestructura ni el personal especializado necesarios para evaluar los riesgos radiológicos asociados. Las pruebas nucleares en las Islas Marshall generaron contaminación radioactiva, desplazamiento de la población nativa y daños a la salud como cáncer y mutaciones en los recién nacidos. Hasta el presente, las Islas Marshall siguen reclamando indemnizaciones a Washington por los daños causados a la población civil.

Tony de Brum, el actual primer ministro de las Islas Marshall, dijo después de interpuesta la demanda: “Nuestro pueblo sufrió el daño catastrófico e irreparable de esas armas y ahora nos comprometimos a luchar para que nadie en el mundo vuelva a experimentar esas atrocidades”.

Parece el enfrentamiento de David contra Goliat. Un recóndito Estado contra nueve potencias nucleares, a las que acusa de modernizar sus arsenales y adaptarlos al siglo XXI en vez de negociar el desarme. Nicolás Carrillo Santarelli, experto en derecho internacional de la Universidad Autónoma de Madrid, dice que desde el punto de vista formal del derecho, no obstante, “se puede decir que un Estado débil puede vencer en un juicio a otros estados más fuertes. El caso emblemático es el de Nicaragua contra EE.UU., sobre la financiación y el apoyo estadounidense a elementos subversivos en Nicaragua. EE.UU. fue rebelde en la parte inicial del juicio, dejó de comparecer, luego el tribunal le dio la razón a Nicaragua y EE.UU. terminó pagándole una indemnización”.

Además, está en pie el principio de la igualdad soberana de los estados, que protege a naciones débiles de deseos de intervención o dominación indebida por parte de estados más fuertes. “Lo que importa son los argumentos y, si la Corte considera que las Islas Marshall tiene suficientes, no tendría reparo en darle la razón con independencia de quiénes sean los demandados”.

La primera parte de la demanda se dirige contra tres estados que han aceptado la jurisdicción de la CIJ: Reino Unido, India y Pakistán. El primero de estos es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) de 1968 y, según las Islas Marshall, no ha cumplido con el artículo VI del mismo. Ese artículo establece que los firmantes “se comprometen a celebrar negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces relativas a la cesación de la carrera de armamentos nucleares en fecha cercana y al desarme nuclear, y sobre un tratado de desarme general y completo bajo estricto y eficaz control internacional”.

India y Pakistán no hacen parte del TNP, pero el argumento de las Islas Marshall es que lo establecido en el artículo VI del tratado no solo es obligatorio para los firmantes, sino que hace parte del derecho consuetudinario y por lo tanto obliga a cualquier Estado de la comunidad internacional. Según las Islas Marshall estos dos países han violado la norma, con la acumulación cuantitativa y cualitativa de su fuerza nuclear, al ser participantes en la carrera de armamentos nucleares, al alentar a otros estados a que posean armas nucleares y al manifestar su intención de confiar en sus arsenales nucleares en las próximas décadas.

Carrillo explica que las Islas Marshall basan parte su argumento en una opinión consultiva emitida por la CIJ en 1996 sobre la ‘Legalidad de la amenaza o el empleo de las armas nucleares’. La Corte concluyó que existe una obligación de buscar de buena fe y de obtener negociaciones que conduzcan al desarme nuclear en todos sus aspectos, bajo un control internacional estricto y efectivo. Las Islas Marshall dicen que la Corte no limitó su opinión a las partes del TNP, por lo que se trataría de una norma consuetudinaria.

Los otros seis estados demandados (China, Francia, Israel, Rusia, Estados Unidos y Corea del Norte) no han aceptado la jurisdicción de la Corte, por lo que la única manera en que el Tribunal podría aceptar el caso es que ellos acuerden someterse a su jurisdicción, por vía de una figura conocida como el forum prorogatum, cosa que es muy poco probable.

Más allá de que se sometan o no a la competencia de la Corte y de que apliquen o no el fallo, esta demanda tiene una dimensión simbólica y tendrá un impacto importante en las discusiones y políticas sobre armas nucleares. Envía el mensaje de que el desarme es, 46 años después de firmados los tratados, una asignatura pendiente para la humanidad. Según la demanda, hoy se cuentan 17 mil ojivas atómicas, 16 mil de las cuales pertenecen a Rusia y EE.UU., una cifra más que suficiente para acabar con la vida del planeta. Además, lo que puede hacer de esta demanda un caso emblemático es que recuerda que las obligaciones de no proliferación no solo aplican para un Estado, sino para muchos que estarían incumpliendo sus compromisos, independientemente de su poderío, retórica, ideología, religión, política…

A cualquiera le genera curiosidad que entre los demandados no aparezca Irán, el país que mayor preocupación ha despertado últimamente en la comunidad internacional por sus supuestos avances hacia la fabricación de la bomba atómica. El país persa, firmante del TNP, siempre ha defendido que su programa atómico se adelanta con fines pacíficos. Tal vez, en contra de la postura general de Occidente, las Islas Marshall consideraron que no hay pruebas suficientes para decir que los persas persiguen fines bélicos, o piensan que el hecho de que Irán avance en las negociaciones nucleares con el grupo P5 +1 es una muestra de su voluntad por cumplir con el desarme.

Entre los demandados aparece Israel, que no es firmante del TNP y nunca ha declarado oficialmente tener armas nucleares. “Este caso es interesante porque al pensar en Oriente Medio, se suele decir que Irán es la amenaza. Esto es una opinión mediada por Israel, que incluso ha presionado a EE.UU. para que asuma una posición más enérgica contra Irán. La posición israelí es también cuestionable, al respecto hay publicaciones de libros y diversos artículos periodísticos, donde se debaten cuestiones sobre las armas nucleares israelíes y hasta qué punto hay una doble moral del estado israelí en esta materia”, dice Carrillo. Es poco probable que Israel acepte la jurisdicción de la Corte en este caso, pero el solo hecho de ser demandado cuestiona su postura frente al derecho y la opinión pública internacional.

Fuente: http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/una-demanda-explosiva-articulo-489671

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