VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL

 

Señor Doctor

JUAN MANUEL SANTOS C.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

Casa de Nariño.

Bogotá D.C.

 

Señor Presidente:

Los diálogos de La Habana (Cuba) han desatado toda clase de conjeturas sobre el futuro del proceso de paz que poco ó nada tienen que ver con la realidad en donde se han generado en principio las condiciones propicias para posibilitar la terminación del conflicto armado en medio de un sinnúmero de dificultades propias de un proceso complejo, cuyos tiempos deben ser acordados por las partes sin imposiciones ni plazos perentorios que puedan llevar al traste su continuidad y estabilidad. Sin embargo nos preocupa el hecho de que algunos voceros de su partido le aconsejen levantarse de la mesa de diálogos, lo cual generaría una gran frustración para el pueblo colombiano que entiende que dicho proceso debe estar enmarcado dentro de una Política de Estado independientemente del momento coyuntural, agitación social ó de cualquier cálculo electoral que interfiera su evolución y desarrollo.

Señor Presidente:

El proceso de Paz está por encima de cualquier circunstancia política y social tendiente a desvirtuar el contenido esencial del mismo, en tanto que su uso con fines electorales no deja de ser más que una estrategia de la vieja y nueva politiquería nacional en cabeza de quiénes se han declarado contrarios al manejo que Ud. le viene dando a los diálogos de Paz. De ahí señor Presidente que sería un error escuchar las voces de aquellos que claman porque se suspendan temporal ó definitivamente los diálogos que Ud ha venido liderando y defendiendo después de afirmar que está dispuesto a jugársela por la Paz. De lograrse una solución al conflicto armado se habrá dado un gran paso en procura de la reconciliación de los colombianos y de la necesidad de lograr la coexistencia pacífica entre las diversas fuerzas políticas y sociales enfrentadas, las unas interesadas en mantener el statu quo y las otras en luchar por un cambio de las viejas y desuetas estructuras económicas, políticas y sociales, que hoy se han convertido de un freno del desarrollo, el progreso social y el bienestar general.

Nuestra Veeduría demanda de Ud la voluntad política para continuar los diálogos y avanzar por los caminos de la paz. Para tal efecto nos permitimos hacerle algunas sugerencias que creemos pueden contribuir a resolver los problemas que se vienen presentando en torno al marco jurídico por la Paz, el referendo, el cese bilateral de hostilidades, la representación política de los integrantes de las FARC-EP, etc.

1.-  Estamos convencidos de que los diálogos de Paz no se deben suspender temporal ó definitivamente, lo cual no obsta para que se acuerden algunas pausas ó recesos con miras a continuarlos en los tiempos definidos por las partes.

2.-  Creemos así mismo que es necesario e indispensable suscribir un acuerdo verificable de cese al fuego ó de hostilidades con miras a garantizar la confianza y seguridad del proceso.

3.-  Es menester que las partes acuerden la creación de una Comisión Especial de Ciudadanos encargada de establecer la verdad histórica en torno a la existencia del conflicto armado, su origen y causas determinantes, al igual que sus consecuencias económicas, políticas, sociales, militares, ambientales, etc, con miras a que se conozca la realidad de lo sucedido y se construya una nueva conciencia en pro de la no repetición de estos hechos de violencia.

4.-  Para efectos de la aplicación de la Justicia transicional ó restaurativa encargada de identificar a los responsables de ciertos hechos delictuosos y lograr la reparación de las victimas del conflicto armado, se impone la necesidad de conformar un Tribunal Especial de Justicia de carácter transitorio, encargado de investigar y juzgar a los actores del conflicto responsables de la comisión de delitos caracterizados por su ferocidad y barbarie. Dicho tribunal de justicia estaría conformado por un número plural de miembros en el cual tengan asiento representantes de la insurgencia, el gobierno y los ciudadanos, escogidos estos últimos por sorteo de una lista de inscritos ante la defensoría del pueblo.

5.-  Los eventuales acuerdos entre el gobierno y las FARC-EP no requieren para su validez y legitimidad de ser refrendados a través de mecanismos constitucionales como el referendo propuesto por el gobierno, ya que es suficiente con que el presidente de la República expida un decreto en desarrollo de sus facultades constitucionales y legales para tal efecto, lo cual no obsta para que aquellos compromisos adquiridos durante las rondas de los diálogos conteniendo reformas estructurales ó funcionales sobre aspectos económicos, políticos, sociales e institucionales, sean tramitados por el Congreso ó  por una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa.

6.-  Las autoridades deben facilitar conforme al mandato constitucional la participación política de los integrantes de las FARC-EP en condiciones de igualdad y respeto a sus ideas y libertad de conformar un movimiento ó partido político, al cual se le debe otorgar lapersonería jurídica respectiva para actuar en la vida política sin más requisitos que el de haber suscrito las actas de compromiso derivadas de los acuerdos sobre la terminación del conflicto armado en Colombia.

7.-  Resulta de gran importancia el hecho de que la ciudadanía esté informada del contenido de los acuerdos y de los avances del proceso de paz, circunstancia ésta que se cumple a medias y casi siempre con respecto a un grupo selecto de dirigentes políticos, gremiales, académicos. Esta exigencia nos debe recordar que buena parte de la legitimidad del proceso de paz depende de la posibilidad y lanecesidad de informar y recibir información veraz, objetiva e imparcial de los medios de comunicación oficiales y privados respectivamente.

8.-  Con la terminación del conflicto armado se deben crear las condiciones objetivas y subjetivas para aclimatar la paz, para lo cual será indispensable la participación de los ciudadanos y de sus organizaciones políticas y sociales en el desarrollo de dicho proceso, utilizando para ello los medios y los recursos legales y pacíficos y además desarrollando las acciones sociales y políticas encaminadas a lograr dicho propósito, mientras que el Estado en su conjunto debe garantizar por igual los intereses comunes de todos los ciudadanos, sus derechos y libertades y el ejercicio pleno de la democracia participativa y decisoria sin la cual no será posible la construcción de una nueva sociedad.

 

LUZ BETTY JIMENEZ DE BORRERO             PABLO A. BORRERO V.

PRESIDENTA VEEDURIA                               VEEDOR CIUDADANO