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Bolivia

Se les olvida a todos que la democracia se diseñó también para otorgar garantías a los perdedores.

La crisis en Bolivia ha develado un problema de grandes proporciones para toda la región. Desde hace rato las encuestas vienen mostrando un desencanto preocupante con la democracia y las instituciones políticas. Los sucesos en Bolivia del fin de semana y la reacción de diversos sectores muestran la responsabilidad enorme que la clase política latinoamericana tiene en la generación y profundización de ese descontento.

De un lado, algunos políticos en la izquierda parecen haber perdido por completo cualquier compromiso con dos normas particulares del juego democrático: la alternancia del poder y el respeto por los resultados electorales. No le ven ningún problema a que Morales se haya perpetuado por más de diez años en su cargo –haciéndoles el quite a las restricciones constitucionales– y su justificación es que su mandato ha producido grandes resultados en materia económica y social.

Del otro lado del espectro, algunos políticos en la derecha (y aquí creo que la sorpresa es menor) no tienen ningún reparo con que los militares intervengan en política y estén presionando la salida de un presidente. Algunos hasta sugieren que lo sucedido en Bolivia debería replicarse en Venezuela: que la única forma de deshacerse de caudillos mesiánicos que se perpetúan en el poder es a las malas. Esos caudillos no merecen ni deben contar con remedios legales o institucionales. Es la ley del ojo por ojo.

En síntesis, ambos sectores comparten el mismo desdén por los medios, por las cuestiones de método. Es como si ahora solo importara mantener al que es afín ideológicamente en el poder o sacar a como dé lugar al opositor, al antagonista político. Y en el intento de lograr ambas cosas, el cómo queda relegado a un lugar secundario.

La cosa se hace más preocupante si, además, la población tampoco está interesada en el cómo, y al igual que a los extremos políticos, le ha empezado a parecer que el uso de mecanismos antidemocráticos es un daño colateral en el que hay que incurrir para lograr objetivos más ‘loables’. Cada vez más, la gente está dispuesta a entregarle una lealtad incondicional a su caudillo respectivo y a desdibujar, si esa lealtad lo exige, su compromiso ciudadano con su constitución y sus instituciones. Es el desarrollo de la personalidad autoritaria como forma de participación política en su mejor y en su peor expresión.

En el medio quedan ahogadas unas voces a las que nadie presta atención o que algunos califican de tibias e intrascendentes: las de aquellos que señalan el riesgo del ‘todo vale’ en política, que insisten en la necesidad de producir transiciones negociadas e institucionales y no cesan de repetir que, en democracia, los medios son tanto o más importantes que los fines.

Las sociedades, cada vez más hastiadas de la corrupción y la ineficiencia de las instituciones democráticas, ya no dan un peso por ellas. Y los políticos, sin importar su inclinación ideológica, aprovechan el vacío y el desorden que eso produce para darles rienda suelta a sus ambiciones. Por fin pueden hacerse con el poder como les dé la gana, sin restricciones de ningún tipo. Por eso, esa misma clase política está siempre tan presta a sumarse al coro desinstitucionalizador y a las arengas de aquellos para quienes las reglas del juego democrático son accesorias y casi cosméticas.

Se les olvida a todos que la democracia se diseñó, entre otras razones, para otorgarles garantías a los perdedores, para dejarles espacio de maniobra y que puedan seguir compitiendo. El ejercicio de la política sin la regulación de las normas democráticas es el juego del sálvense quien pueda, el juego de la revancha y de la aniquilación del contrincante. Se están poniendo la soga en su propio cuello.

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