‘El’ problema

 Las enormes brechas en la distribución de la riqueza suponen una sociedad en permanente conflicto. Sin embargo, y a pesar de las Farc, la respuesta más obvia no ha sido propiamente la insurgencia armada. El clientelismo, la corrupción, la informalidad, el contrabando, el narcotráfico, etc., han sido alternativas más atractivas. La razón es que la gente se siente más excluida que explotada. Cuando el capitalismo formal no es capaz de absorber el 40 % del empleo, no hay sentido en rebelarse contra la explotación salarial. Para ser incluido en los mercados, es más efectivo ser parte de una clientela, dedicarse al trabajo informal o, si se tienen más arrestos, a alguna actividad ilegal.
Es una solución que funciona como válvula de escape a los desórdenes sociales. Y son los políticos profesionales los que se encargan de la intermediación con estos sectores de la economía. Ellos son quienes proveen a las clientelas y ofrecen protección a los empresarios informales e ilegales. El precio que cobran por mantener la paz social es la corrupción. Lo que en su mayor parte pagan los empresarios formales a través de impuestos.

Pero el monstruo se creció y amenaza con hacer colapsar al sistema. Menos de 4.000 empresas sostienen al Estado y no resisten más carga tributaria, sobre todo ahora que la contratación pública se volvió el gran negocio de la clase política. Muchos empresarios están pensando en llevar sus capitales a otros lugares. Si eso sucede, el país puede verse abocado a una gran crisis política: no tendrá cómo financiar la economía que mantiene a raya el descontento social. Por eso, hoy, el mayor problema del país es cómo racionalizar a la clase política, para que su codicia no la lleve a matar la gallina de los huevos de oro, y cómo formalizar, en lo posible, la economía subterránea que garantiza la inclusión de millones en los mercados.