La herencia de un sistema que abandonó a la educación
«Petro regaña a su ministro de Educación». «Momento incómodo en el Consejo de Ministros». «Presidente cuestiona a su equipo en público». Estos son los titulares que dominan la agenda mediática del día. Y, sin embargo, ninguno de ellos aborda lo esencial: los gobiernos anteriores dejaron a Colombia sin nuevos maestros durante años, sacrificando el derecho a la educación de miles de niños y niñas en favor de otros intereses.
Durante el Consejo de Ministros celebrado el 31 de marzo, Gustavo Petro expuso una realidad alarmante: «Desde el 2022 para atrás, no emplearon más maestros, cero nuevos maestros en Colombia. La indolencia absoluta de los gobiernos anteriores desde el 2018 para cuidar a nuestra niñez». Una afirmación respaldada por cifras concretas que desnudan la negligencia política en materia de educación.
El panorama educativo de Colombia antes del actual gobierno era desolador. A pesar de los discursos grandilocuentes sobre el «futuro de la educación», los gobiernos de Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe dejaron un legado de precariedad. Según los registros oficiales:
– En los últimos años, no se contrató ni un solo maestro adicional a nivel nacional.
– Los recursos destinados a la educación no reflejaban las necesidades reales del país, con presupuestos insuficientes para garantizar acceso y calidad.
– La desfinanciación crónica de la educación inicial generó brechas de aprendizaje insalvables para miles de niños y niñas.
En contraste, la administración actual ha destinado el presupuesto más alto en la historia de la educación pública en Colombia. En 2023, la inversión fue de 67,9 billones de pesos; en 2024 aumentó a 73,8 billones y en 2025 alcanzará los 79,2 billones. Un crecimiento del 16,7% en términos reales que se traduce en la contratación de más de 5.600 nuevos docentes y una expansión sin precedentes en el acceso a la educación inicial y superior.
La ausencia de políticas educativas sólidas tiene un precio alto. Como lo denunció Petro en su discurso: «Esos niños y niñas que no se pudieron educar inicialmente no se desaparecieron, están aquí. Pero es que ya tienen una edad mayor. La oligarquía colombiana no quiso y después está mandándolos a la cárcel y después está matándolos». La falta de inversión en educación se convierte, con el tiempo, en un motor de la criminalidad. No es coincidencia que los índices de violencia en sectores marginados sean directamente proporcionales al abandono del Estado en materia educativa.
Colombia ha vivido décadas de una política de represión que trata a los jóvenes excluidos como «criminales en potencia» en lugar de garantizarles derechos. No invertir en educación en la primera infancia es condenarlos a un sistema que los margina, los criminaliza y, en muchos casos, los extermina. «El crimen lo hace el Estado, los construye el Estado en la sociedad», sentenció el presidente en su discurso. Y es precisamente esta realidad la que se busca ocultar tras la cortina de humo de un «regaño».
No es casualidad que sean los mismos medios de comunicación tradicionales quienes, a lo largo de los años, han sido defensores de los gobiernos responsables de esta crisis educativa. Grandes conglomerados mediáticos, financiados por élites que se benefician del statu quo, han sido piezas clave en la estrategia de desinformación. Prefieren vender una historia de tensión y «regaños» dentro del gabinete ministerial que cuestionar la responsabilidad histórica de los gobiernos anteriores en la crisis educativa.
Los grandes medios no buscan informar, sino moldear la percepción pública de acuerdo con sus intereses. No les interesa una ciudadanía crítica, informada y consciente de los problemas estructurales del país. Su estrategia es clara: ocultar lo esencial y distraer con lo superficial.
Colombia no puede seguir cayendo en la trampa de la desinformación. La discusión sobre la educación no puede reducirse a titulares tendenciosos ni a disputas artificiales. El verdadero debate debe centrarse en cómo garantizar una educación de calidad para todos y cómo evitar que las próximas generaciones sean víctimas de la misma indiferencia que marcó el pasado.
El gobierno de Gustavo Petro ha dado un giro en la política educativa del país, pero el reto es monumental. Es tarea de la ciudadanía exigir que el foco de la discusión esté donde debe estar: en los niños y jóvenes que durante años fueron invisibilizados.