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La Ley de Amnistía, ¿un revés para la paz?

En un proceso de justicia transicional, el equilibrio entre la paz y la justicia en pro de las víctimas es el centro del debate. En consonancia, para el caso colombiano, el Acuerdo de Paz tuvo asidero en la justicia restaurativa y prospectiva que nos permitiera tomar medidas adecuadas en beneficio de restauración de las víctimas y pensar una justicia en el presente con miras a la construcción de confianza para las próximas generaciones.

Así, la normatividad necesaria para la implementación de la paz debe ser el reflejo directo de los pilares del Acuerdo y su concepción de la justicia, hecho que parece haber perdido el horizonte y da cuenta de un revés en el proceso. La Ley 1820 de 2016, o Ley de Amnistía, es uno de los debates que prometen ser la medida sobre el éxito o fracaso de lo acordado y, por supuesto, de la reparación integral a las víctimas en este proceso de paz.

La amnistía de los guerrilleros de las Farc se rige bajo un precepto, debe ser lo más amplia posible, premisa que recoge literalmente la Ley de Amnistía y a su vez plantea los delitos objeto de la ley, entre ellos rebelión, sedición, asonada y los delitos conexos, todos ellos con una excepción explicita en el Acuerdo: la concesión de amnistías e indultos no extingue el derecho de las víctimas a recibir reparación. Hasta el momento van más de 7.500 guerrilleros amnistiados.

El problema no es la cantidad. Las principales críticas a la Ley 1820 de 2016 consisten en calificarla como una ley que olvida su fundamento en la justicia restaurativa, hecho que, de ser cierto, llevaría a un fracaso rotundo cualquier intento. Si la Ley de Amnistía en realidad entra en funcionamiento sin las garantías de reconocimiento y sin aportes a la verdad, todo habría sido una vana ilusión.

Ahora bien, en ningún caso la pretensión de evaluar la ley debe ceñirse a preceptos estrictamente jurídicos, dado que el marco de justicia especial que permite una transición jurídica y política debe ser integral y las víctimas no son objeto de negociación. El abogado de las Farc, Enrique Santiago, escribe que ningún amnistiado tiene obligación individual de reparar a las víctimas por haber perpetrado delitos amnistiables, y ello porque el delito político por sí mismo no causa víctimas, pudiendo incluso ser considerado una obligación política, además de que, en el debate jurídico, la única “víctima” de la rebelión es la tiranía y la opresión, y estas nunca deben ser reparadas.

Nada más ajeno a la realidad. Si se analiza la ley como el resultado de un contexto de justicia transicional, resultado de una negociación política, pero con unas obligaciones claras y concretas, las víctimas esperan reivindicar su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, obligaciones que además se originan en estándares internacionales de reparación integral y que no se pueden interpretar bajo una lógica a todas luces revictimizante: se negocia, se amnistían, y cuando la Jurisdicción Especial para la Paz lo considere, aportan a la verdad.

El carácter voluntarioso de la verdad ya se vivió en el proceso de Justicia y Paz y fue un rotundo fracaso, lo que llevó a un estancamiento del proceso en general y a la concesión de libertades para los postulados sin cumplir con las mínimas cargas de reparación. La paz con las Farc necesita ante todo ser un escenario de confianza entre quienes aceptan la institucionalidad y deciden apostarle a la paz, y el Estado, que debe corresponder a la confianza legítima de sus asociados.

La Ley de Amnistía define que los amnistiados tendrán un plazo para contribuir a la verdad y, por el contrario, si durante los cinco años siguientes a la adopción de alguno de los beneficios de la ley se rehusaran de manera reiterada e injustificada los requerimientos del Tribunal para la Paz para contribuir a la reparación de las víctimas, perderán el derecho a que se les apliquen las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, sus beneficios. Pero se olvida que el pilar de la ley y de todo el proceso es reivindicar a las víctimas y condicionar a los victimarios a asumir sus compromisos para con ellas y la sociedad en general. Que no olviden el Gobierno, las Farc y los legisladores que estamos en un proceso de construcción de paz para esta y las próximas generaciones, no en un pacto de intereses.

Hay una deuda histórica con quienes han sufrido la guerra y esperan para firmar la paz en sus vidas. La amnistía no puede ser un cheque en blanco. La legislación para la paz, si pierde el enfoque restaurador, es un retroceso sin precedentes. ¿Cómo lograr que efectivamente los exguerrilleros asuman su cuota de responsabilidad social y política en aras de que este proceso restaure los vínculos rotos originados por el conflicto? Quizás con medidas que permitan un primer reconocimiento y aporten la verdad antes de recibir el beneficio.

Por Luis Gabriel Rodríguez

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