CARTA DEL DIRECTOR

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Es necesario preguntar a los Diputados del Valle, las verdaderas razones para imponer a los vallecaucanos de estratos 4, 5 y 6 y a las empresas y comerciantes una nueva tasa de contribución para la SEGURIDAD.

Todavía no ha salido ninguno de ellos a explicarnos las razones para hacerlo. Tampoco nos han dicho por qué no concertaron con los alcaldes municipales este nuevo tributo.

Al final del cuatrenio de la Gobernadora, haremos las cuentas y puede ser que nos encontremos con situaciones como la del fondo de emergencia para operación de las térmicas que todos los colombianos pagamos muchos años y nadie sabe qué se hizo con este dinero.

Alguien se sentirá obligado a explicarnos ¿por qué no hay CAI móviles debidamente dotados, cámaras de seguridad funcionando y más personal formado y dotado para seguridad e investigación criminal, después de más de una década de estar pagando impuesto al patrimonio para mejorar la seguridad en todo el país?

Digámoslo claramente, a los políticos solo les interesa el recaudo de más dineros para contratar, no es nuestra seguridad lo que los mueve.

Es hora de exigirles a los alcaldes del Valle que se pronuncien y nos defiendan de este abuso de autoridad departamental por parte de la Asamblea y de la Gobernación.

Además a todas estas, ¿cuál es el papel de la Superintendencia de Servicios Públicos ante este tipo de medidas? ¿cuál el papel de la CREG?. La ley 142/94 es precisa al prohibir que en las facturas de servicios públicos se nos cobren conceptos no relacionados con la prestación de estos servicios. Entonces surge la duda, porque se supone que los diputados y la gobernadora, saben este impedimento formal de la ley y aún así insistieron en este cobro. ¿Lo hicieron para generar una nueva fuente de contratación como es la del cobro por separado de esta tasa, generando costos innecesarios e injustificados que a la postre solo beneficiarán al contratista y no al ciudadano, o lo hicieron porque sus asesores no los alertaron de este impedimento normativo? Si es lo primero es un abuso impresentable. Si es lo segundo es una improvisación y arbitrariedad injustificable.

Por último y no lo menos grave, como lo defienden los esposos Borrero, ¿hasta cuándo los gobiernos abusarán de la paciencia de la clase media, la de los trabajadores, comerciantes, pequeños y medianos empresarios y profesionales que somos los que sostenemos a un Estado nacional, regional y local engangrenado por la corrupción, el despilfarro y la inoperancia en función del bienestar colectivo?

José Alberto Tejada E.
Director CANAL 2.
Presidente Corporación CECAN.
CALI.

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