‘Nueva prima a congresistas detiene avalancha de demandas’
Según el ministro de Hacienda, los 1.900 servidores públicos (afectados por la decisión del Consejo de Estado) podrían demandar a la Nación por vulnerarles un derecho adquirido.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, expresó que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos “no tiene nada que ver en este lio” del ‘incremento’ en los salarios de los congresistas, luego de la sentencia del Consejo de Estado que eliminó las primas de salud y de localización y vivienda que establecía la Ley 4ª de 1992. “Llegamos tarde a resolver un conflicto que generó el fallo del Consejo de Estado”.
En diálogo con Blu Radio, explicó que la decisión del Gobierno de “recuperar” para los congresistas -mediante decreto- las primas que habían perdido por dos fallos del Consejo de Estado se hace para evitar un caos mayor. El decreto establece que ahora los 266 legisladores recibirán $7’898.445 mensuales como parte de una ‘prima especial de servicios’. Lo cual, según Cárdenas, no significará nuevos recursos del Presupuesto General de la Nación.
Según el ministro, “se venían 1.900 demandas contra la Nación por parte de los servidores públicos a quienes se les vulneró un derecho adquirido. Nos fuimos por la decisión responsable. No teníamos alternativa mejor a esta”.
Insistió que “no se trata de un incremento porque sí. Nos parece irresponsable generar 1.900 demandas contra el Estado. Igualmente no considero que algunas remuneraciones sean excesivas, como la de los magistrados que tiene que trabajar mucho, son personas serias y profesionales y deben enfrentarse constantemente a los mejores abogados del país”.
Como un “autogol”, calificó el ministro de Hacienda la decisión del Consejo de Estado de eliminar las primas a los parlamentarios porque no dimensionaron el “efecto cascada” que traería la sentencia y que incluso afectaría a los propios magistrados. Recordó que a su despacho llegaron los presidente de las altas cortes, el procurados Alejandro Ordóñez, el vicecontralor, entre otros servidores públicos, “no para resucitar las primas sino para resolver este problema y por ello se actuó vía decreto.Evaluamos entre todos los males y el menos malo era otorgar una nueva prima (que sustituye las eliminadas) porque de lo contrario se vendría una avalancha de demanda por derechos adquiridos”.
Señaló que es claro que “quedamos como el que se inventó un decreto para incrementar los salarios, pero eso no es cierto. Generamos una solución a las sentencias del Consejo de Estado cuyas implicaciones no se midieron y al Ejecutivo le tocó echarse el agua sucia”.
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